Bajo “El régimen jurídico de la paz” aprobado por el Congreso a la luz de los acuerdos de paz firmados por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con las Farc, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, le acaba de conceder la amnistía a Marilú Ramírez Baquero,conocida en lasfilas de esa guerrilla con el alias de “Mata Hari”.
Este documento emitido por la JEP ha producido toda clase de reacciones, porque como dicen algunos expertos,“parece el memorial presentado por sus abogados, más que la imparcial y objetiva visión de la justicia”.
Marilú Ramírez Baquero fue condenada por la justicia penal ordinaria por los delitos de terrorismo, tentativa de homicidio y lesiones personales agravadas.
La justicia le probó plenamente que como miembro activo de las Farc, participó en el atentado terrorista con un carrobomba en las instalaciones de la Escuela Superior de Guerra y la Universidad Militar Nueva Granada, de Bogotá, el 16 de octubre de 2006, que dejó a 31 personas heridas, entre civiles y militares.
En su fallo la justicia penal ordinaria consideró que este fue un acto terrorista que “buscaba atacar indiscriminadamente a militares, estudiantes civiles y uniformados, profesores y personal de las instalaciones universitarias y militares”.
Sin embargo, el pasado 12 de febrero el país se quedó de una sola pieza, cuando conoció que la Sala de Amnistía e Indulto de la JEP le otorgó la amnistía total a la exguerrillera, tanto en lo penal, como en cualquier proceso que se esté tramitando en su contra en este momento.
Es increíble leer en las 85 páginas de su decisión, que la JEP dirige todo su análisis a buscar una justificación o interpretación legal de normas nacionales e internacionales, para concluir que ingresar y explotar el carrobomba a la Escuela Militar Superior de Guerra y la Universidad Militar Nueva Granada, fue un acto legítimo a la luz del Derecho Internacional Humanitario. ¡Increíble e inaceptable!
Y en la misma línea valora todas las circunstancias de este acto terrorista y la actuación de la exguerrillera Marilú Ramírez Baquero, alias “Mata Hari”, en “la lógica del conflicto armado”.
Una decisión como esta, que riñe con el sentimiento que tiene la sociedad de los actos terroristas cometidos por las Farc a lo largo de su carrera criminal, siembra la sensación de una enorme impunidad, cuya impresión entre las víctimas es que la JEP está generalizando una protección a todas luces injusta a los terroristas, en contravía a todos los lineamientos de la reparación y no repetición.
¿Con un concepto como estos de la Jurisdicción Especial para la Paz, es posible esperar un sincero arrepentimiento de los terroristas, si se sienten amparados por el juez que los está juzgando?
¿No se tipifica una verdadera burla a las víctimas, si la JEP está diciendo que esta clase de actos terroristas y criminales se ajustan a la luz del Derecho Internacional Humanitario?
Enrevesado el fallo, porque para la misma JEP las víctimas militares no son víctimas, tal como lo sostiene en el auto de amnistía que tiene a los colombianos molestos con la JEP, y que además concede la razón a quienes vienen acusando a este alto tribunal de haber sido constituido no solo favorecer, sino para amparar a los terroristas criminales de las Farc. Mejor dicho, que la JEP es proFarc.
El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, apeló este fallo de la JEP, y dijo que el atentado afectó tanto a la Escuela militar como a la Universidad Militar donde estudiaban civiles. Y por esta razón le pidió al tribunal que “no omita estos hechos que representan una clara violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y se le quite la categoría de acto amnistiable a todo el atentado terrorista”.
Y el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, también anunció que impugnará esta decisión que puede ser apelada. “El Derecho Internacional Humanitario no ampara este tipo de ataques. El objetivo era matar y herir indiscriminadamente, y los militares sí son víctimas”, dijo el ministro. Y luego añadió: “Mientras los dirigentes de las Farc acusan al Estado y al Gobierno de incumplimientos, los militares siguen siendo objeto de desigualdad jurídica por parte de varias instancias de la justicia”.
Esperemos que la JEP enderece este entuerto, para que los colombianos de bien no sigamos pensando que allí las Farc han encontrado su mayor benefactor.
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