La candidata a la Cámara por el Centro Democrático (117), Ana Ligia Mora Martínez, presentó una estrategia de clasificación escalonada que busca agilizar los tiempos de los trámites y reducir hasta en un 80% los costos para pequeños proyectos energéticos.
Con el fin de acelerar la transición energética y fortalecer la economía rural, la candidata a la Cámara de Representantes, Ana Ligia Mora, ha lanzado una ambiciosa propuesta legislativa para unificar y simplificar los trámites del sector hidroeléctrico.
El núcleo de su iniciativa es la creación de un modelo diferenciado que permita graduar los requisitos ambientales y técnicos según la escala real y el impacto de cada proyecto, evitando que la “tramitología” asfixie la inversión en energías limpias. Un modelo de tres niveles para la agilidad energética.
Para los proyectos de Categoría A o de Alto Impacto, que son aquellos con una capacidad superior a los 10 MW y que requieren grandes infraestructuras, la candidata propone mantener el rigor del licenciamiento actual ante la ANLA o las CAR, pero con una mejora operativa sustancial. Su plan consiste en implementar una mesa de coordinación interinstitucional permanente.
Esta instancia, integrada por autoridades ambientales y minero-energéticas, trabajaría en la revisión conjunta de estudios y la emisión simultánea de conceptos, eliminando los cuellos de botella que hoy retrasan las grandes obras por años.
En el caso de la Categoría B o de Impacto Medio, que abarca proyectos entre 1 MW y 10 MW, la propuesta de Mora se centra en el «Licenciamiento Simplificado». Este esquema operaría a través de una ventanilla única digital y el uso de instrumentos tipo, como planes de manejo ambiental preaprobados.
El objetivo es establecer plazos de respuesta obligatorios de máximo 90 días, garantizando que el promotor tenga certeza jurídica y técnica en un tiempo récord, manteniendo siempre los estándares de protección del recurso hídrico.
Finalmente, para la Categoría C o de Bajo Impacto, que incluye proyectos menores a 1 MW enfocados en el desarrollo rural y la autogeneración, el plan propone un mecanismo de «Declaración de Cumplimiento».
Bajo este modelo, el promotor, además de tramitar los permisos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales, se compromete a seguir una lista de chequeo y un plan de manejo preestablecido, permitiendo que el proyecto inicie en semanas y no en años.
En este escenario, la autoridad ambiental se enfocaría en realizar auditorías posteriores al inicio de operaciones, verificando la efectividad de las medidas de mitigación en el terreno.
Para desbloquear el potencial hidroeléctrico nacional, se propone un modelo de gestión que armonice el licenciamiento ambiental con el energético.
Nuestra apuesta es que también se pueda descentralizar la asignación de puntos de conexión hacia los Operadores de Red regionales, eliminando el embudo burocrático de la UPME pero manteniendo el control mediante un sistema de información en tiempo real. Compromiso con la sostenibilidad y el territorio.
Ana Ligia Mora enfatizó que esta simplificación no significa un cheque en blanco en materia ambiental. Los proyectos de mediano y bajo impacto deberán cumplir estrictamente con criterios como el respeto al caudal ecológico mínimo y la garantía de no afectación a hábitats críticos o derechos de comunidades aguas abajo.
Con este equilibrio, la candidata busca reducir los tiempos y costo de estudios hasta en un 80%, haciendo viables los proyectos comunitarios y fortaleciendo la seguridad energética en las zonas más apartadas de Colombia.
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