Por Henri Cap Martin
El sistema de salud colombiano no está simplemente enfermo; está en cuidados intensivos. Este año 2026 arrancó con un diagnóstico demoledor: una desfinanciación estructural que supera los $15,8 billones y que configura una crisis sistémica sin precedentes.
Este no es un malestar pasajero, sino el resultado de decisiones técnicas cuestionables de los últimos años, sumadas a las presiones económicas que han llevado al límite la capacidad de atender a los colombianos.
El corazón del colapso: una ecuación rota.
La situación es matemáticamente insostenible. Por cada peso que ingresa al sistema, se gastan más de $1,08, es decir, el sistema tiene una siniestralidad del 108%. Las pérdidas operacionales superaron los $7,3 billones en 2025. Aunque la UPC aumentó para 2026, este incremento nació insuficiente. Expertos y exministros advierten que ni siquiera alcanza para cubrir los costos preexistentes, mucho menos para absorber nuevos choques financieros.
La advertencia de quienes saben
No se trata de una opinión aislada. 19 exministros y exviceministros de Salud de distintos gobiernos han levantado la voz para calificar la situación como una «crisis deliberada». Órganos de control como la Corte Constitucional y la Contraloría General de la Republica han sido claros: se usó información incompleta para calcular los recursos del sistema de salud, no se ha cumplido con las órdenes judiciales y las intervenciones a EPS no han solucionado el problema de fondo, sino que lo han concentrado.
El golpe que lo tiró a la lona: el salario mínimo y la nueva reforma laboral.
El incremento del salario mínimo al 23% para 2026 fue, en palabras de los expertos, «la gota que rebosó el vaso». Para el sector salud, esto representa un costo adicional de aproximadamente $4,5 billones, un monto que no estaba presupuestado y que equivale al 40% de los nuevos recursos de la UPC.
Aquí es donde se conecta la nueva reforma laboral:
El aumento salarial no opera en el vacío. Se potencia con los nuevos costos derivados de la reforma en materia de horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos. El sector salud es intensivo en mano de obra y opera las 24 horas, los 365 días del año. Cualquier ajuste en estos recargos impacta directamente y de manera multiplicadora la nómina de hospitales y clínicas, presionando aún más los servicios que ya son críticos por su alta dependencia del talento humano. Este es un factor de costo que, en medio de la actual desfinanciación, agrava exponencialmente la ecuación y no fue considerado en los cálculos de la UPC para el 2026.
Las consecuencias: sufrimiento, barreras y muertes evitables.
Esta tormenta financiera tiene un rostro humano. Se proyectan más de dos millones de quejas y 300 mil tutelas. La Federación Colombiana de Enfermedades Raras reportó que más de 2.000 personas habrían muerto en 2025 por falta de atención. El mensaje de los exministros es contundente: el resultado es «mayor sufrimiento y muerte». El presupuesto para atender enfermedades de alto costo en 2026 es apenas el 25% de lo necesario, dejando en la incertidumbre a los pacientes más vulnerables.
La ruta urgente
La convergencia de la desfinanciación histórica, el aumento del salario mínimo y los mayores costos laborales por la reforma, y la insuficiencia del presupuesto para casos complejos, es una combinación catastrófica.
No es momento de ideologías, sino de técnica y consenso. Como lo exigen los exministros, se requiere respetar la Constitución, cumplir las órdenes de la Corte y tomar decisiones basadas en evidencia para recalcular y financiar adecuadamente el sistema. De lo contrario, 2026 no será un año difícil, sino uno trágico para la salud de millones de colombianos. El derecho fundamental a la salud está en la UCI, y el tiempo se agota.
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