La captura de Maduro: ¿Justicia o la ley del más fuerte?

Por Jorge Mario Gómez Restrepo*

Que Nicolás Maduro gobernaba como un dictador no admite mayor discusión. La represión sistemática, la anulación de la oposición, la instrumentalización de la justicia y la demolición progresiva de las reglas democráticas lo ubican fuera del estándar mínimo de legitimidad democrática. Pero reconocer esa realidad no autoriza a convertir el derecho penal en un instrumento discrecional de poder. Y mucho menos a reemplazar el multilateralismo —el consenso entre naciones— por la ley del más fuerte.

La reciente reformulación de la acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra Maduro —eliminando la afirmación de que era “jefe” del llamado Cartel de los Soles y describiendo ahora el fenómeno como un “sistema de clientelismo”— ha sido leída por algunos como una rectificación política. En realidad, es una depuración jurídica que revela algo más inquietante, el desplazamiento del derecho penal desde un sistema de límites hacia una herramienta funcional de la geopolítica.

Desde el inicio, Estados Unidos decidió no acusar a Maduro por crímenes de lesa humanidad, tortura o desaparición forzada. No porque estos hechos no existan, sino porque ese camino conduce inevitablemente a la Corte Penal Internacional, a la discusión sobre inmunidades y a un escenario multilateral donde el poder estadounidense deja de ser hegemónico.

La vía elegida fueron los delitos de narcotráfico agravado y narcoterrorismo. No como una reacción humanitaria, sino como una construcción jurídica diseñada para proteger intereses nacionales bajo el paraguas de la seguridad, e incluso los intereses económicos del petróleo.

El narcoterrorismo, tal como lo está utilizando Estados Unidos, ya no requiere carteles ni estructuras cerradas. Requiere que la droga sea presentada como un arma contra la sociedad estadounidense. Esa narrativa transforma el narcotráfico en una forma de hostilidad cuasi-bélica y justifica respuestas excepcionales. Esto crea un antecedente peligroso, ya no hace falta probar que un presidente dio la orden, basta con demostrar que permitió que el crimen operara bajo su mandato.

Pero esta nueva narrativa crea profundos problemas. Las normas construidas tras la Segunda Guerra Mundial —la prohibición del uso unilateral de la fuerza, el respeto a la soberanía, el principio de no intervención— surgieron precisamente para evitar que un Estado se arrogara el derecho de castigar a otros por fuera de consensos multilaterales. Al marginar esas reglas, Estados Unidos no fortalece el orden internacional, lo debilita.

La captura de Maduro por fuerzas estadounidenses ha sido presentada como un acto de justicia. Desde el derecho internacional, el debate es otro. Cuando un jefe de Estado decide actuar unilateralmente, por fuera de la ONU y del sistema multilateral, abre una puerta que no controla.

La paradoja es evidente. Occidente reprocha a Putin la violación de la soberanía ucraniana, el uso del derecho como excusa para la fuerza y la lógica del enemigo. Sin embargo, la actuación de Trump frente a Venezuela se mueve en una racionalidad inquietantemente similar, la convicción de que el poder justifica la excepción.

El mensaje global es devastador. Si Estados Unidos puede capturar jefes de Estado bajo su propia calificación jurídica, ¿qué impide que otros líderes hagan lo mismo invocando sus propias amenazas internas o externas? El derecho internacional no se erosiona de golpe, se desgasta por precedentes.

Estados con conflictos internos, economías ilegales persistentes y estructuras híbridas de poder quedan expuestos a lecturas penales externas. Colombia no es ajena a ese escenario. El problema no es la culpabilidad, sino quién decide, desde dónde y con qué reglas.

Maduro no es una víctima. Pero el derecho internacional tampoco puede serlo. Cuando las grandes potencias abandonan las reglas que ellas mismas construyeron, no castigan dictadores, enseñan al mundo que la fuerza vuelve a ser derecho.

Y la historia ya nos mostró cómo termina ese camino.

*Abogado Universidad Libre, especialista en instituciones jurídico-penales y criminología Universidad Nacional, Máster en Derechos Humanos y Democratización Universidad del Externado y Carlos III de Madrid, Diplomado en Inteligencia Artificial. Especialista en litigación estratégica ante altas cortes nacionales e internacionales. Profesor Universitario.