El derecho a una educación de calidad para todos: lejos de políticas públicas efectivas

Por Enrique E. Batista J., Ph. D. 

Empieza o continúa el año escolar en enero, con los niños y jóvenes que son sujetos de derecho, como lo debería ser la escuela misma, concebida como institución social esencial. La educación, como un derecho, es objeto de formulaciones y consideraciones en las constituciones políticas, leyes, acuerdos y declaraciones internacionales, en las propuestas programáticas de gobernantes, en planes decenales y en una generalizada formulación de políticas públicas. En todas, se plantea y se acepta que la educación es un derecho fundamental e inalienable.

Una política pública, es social, es integral, reconoce necesidades y potencialidades, es participativa, es a mediano y largo plazos, señala prioridades, es inclusiva, integral y, además, articula diversos campos de acción y sectores de la ciudadanía.

Según la UNESCO, la política pública es entendida como un instrumento social e integral que reconoce tanto necesidades como potencialidades. No se trata de la expedición fría de una norma legal, sino que debe ser el resultado de un proceso participativo regido por un conjunto amplio de valores, entre los cuales están la igualdad, equidad y la inclusión. De ahí, que una política pública bien fundada priorice el bien general por encima de los intereses de algunos sectores en la sociedad. (https://shorturl.at/OL2xw).

Las políticas públicas se refieren al conjunto de acciones y decisiones que los gobiernos toman para abordar problemas y necesidades de la sociedad. (https://shorturl.at/DGwW2). Algunas son universales y otras focalizadas en distintas necesidades de determinados sectores sociales; unas y otras se rigen por los valores sociales y políticos de igualdad, equidad e inclusión y apuntan a regular de manera armoniosa las relaciones entre diversos grupos sociales, evitar la impropia competencia y la interferencia en sus propósitos por el choque de intereses particulares, poniendo el bien general por encima de los particulares.

La política pública da cuerpo preciso y participativo a una propuesta programática de gobierno. Para el ciudadano no basta con que se publique la norma, bajo el supuesto de que tendrán acceso a ella, sino que ella debe vivirse y ser palpable en resultados públicos, en el bienestar general de la población en el campo específico al que apunta la política pública. En el caso de la educación, se manifiesta en resultados visibles, en calidad para todos, igualitaria e inclusiva, con garantía permanente como derecho fundamental e inalienable

Una política pública es sobre todo pública. Se espera que el ciudadano de por sí, o por medio de sus representantes electos, participe en su formulación, ejecución y evaluación. Con la plena identificación y priorización de necesidades, se formulan programas y proyectos con metas específicas y con precisas fuentes de financiación para ser alcanzadas en un determinado período de tiempo. En el campo de la educación, esas metas usualmente se agrupan en cobertura total, facilidad de acceso, inclusión y equidad, aseguramiento de la permanencia, calidad de los procesos formativos para todos y apoyo a las variables que se asocian y afectan esa calidad.

En la definición de una política pública para la educación, ésta es reconocida como un derecho fundamental, un bien público; un derecho que hace posible el ejercicio de otros derechos fundamentales y, en consecuencia, es base esencial para la consolidación del Estado Social de Derecho y la construcción de una sociedad igualitaria, pacífica con ciudadanos participativos que encarnan los valores sociales y culturales de una sociedad democrática, igualitaria, inclusiva, multicultural y multiétnica.

Esa política pública se expresa para responder a necesidades educativas de la población identificadas por los gobernantes y por la ciudadanía misma. Con su formulación se busca asegurar el disfrute del derecho a la educación y la eliminación de los obstáculos que afrontan muchos para acceder a ella y a sus beneficios inherentes.

Las políticas públicas han sido consideradas como un campo interdisciplinario y con un claro objetivo aplicado que apoya las acciones sociales de gobierno para alcanzar altos niveles de eficacia, eficiencia administrativa y legitimidad gubernamental. Se reconocen las características primordiales de una política pública exitosa: Alcanzar objetivos de interés o beneficio público y ser resultado de un proceso que implique el uso de metodologías que aseguren llegar a las mejores decisiones para satisfacer una necesidad o resolver un problema específico. (https://rb.gy/9ogtkf). 

En el contexto actual, las definiciones han evolucionado hacia la «Política Pública Basada en Evidencias y Datos» y gobernanza digital para garantizar que los gobiernos sean ágiles y efectivos en la atención a las necesidades de la ciudadanía. De modo concurrente, se ha creado el concepto de gobierno inteligente, identificado con «cinco factores institucionales que se deben tomar en cuenta para implementar iniciativas de gobierno inteligente: compromiso político; gobernanza clara; comprensión legal; conciencia digital; e infraestructura y estándares de Tecnología de Información». (https://shorturl.at/nTvA2). 

En un Estado Social de Derecho, las políticas públicas precisan ser compromisos de gobierno que se cristalicen en progreso colectivo. «Las políticas públicas sociales requieren trascender su tradicional función de distribución de bienes y servicios públicos, para convertirse en un mecanismo que permita «habilitar a las propias personas para hacer efectiva la potenciación de su calidad de vida como un derecho de cada ciudadano». (https://shorturl.at/Kpv9Q).

Todas las leyes generales de la educación en los países de América Latina resaltan, de un modo u otro, que «Todos tienen derecho a la educación». (https://tinyurl.com/mu9rtmeh), pero se carece de la fortaleza y persistencia de los gobiernos para que las políticas públicas, derivadas de los mandatos constitucionales, garanticen la igualdad y superen la exclusión del acceso a una educación de calidad para todos. La ley construye el fundamento, pero son los gobiernos y la ciudadanía los que edifican a la escuela como constructo teórico y como realidad física, con adecuada habitabilidad. Gobiernos y ciudadanía forman y evalúan a sus maestros, garantizan el acceso y permanencia de todos los niños y jóvenes, aseguran los más adecuados medios educativos, construyen igualdad entre la ruralidad y lo urbano, y crean los espacios y medios para la formación cívica o ciudadana. Al menos esa es la expectativa y el deseo generalizado.

En todos esos elementos de construcción de la escuela, como institución social esencial, existen carencias y fallas en las políticas públicas, expresadas mediante mandatos de ley, usualmente bien plasmadas en textos, pero que, del papel o de los bits y bytes, no avanzan mucho en la concreción de la igualdad, equidad y justicia deseada de la educación concebida como derecho económico, derecho social, derecho cultural, derecho civil y derecho político. De ahí resulta expresa la afirmación de que «el derecho a la educación es el epítome de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos». (https://tinyurl.com/ku4cm8a3).

El derecho a la educación con calidad para todos, garantizada con políticas públicas efectivas, es un bien social, ético, político y no sólo jurídico o legislativo. Con frecuencia resultan ser políticas públicas de temporalidad programada, que fenecen al finalizar los gobernantes sus períodos constitucionales, eliminando la debida continuidad. No faltan leyes, faltan las acciones apropiadas de los gobiernos y el compromiso de la ciudadanía. La participación ciudadana es la base de ciudadanos educados para alcanzar el bien común.

(https://tinyurl.com/5n8ue25j).