Por Iván de J. Guzmán López
Hoy por hoy, el presidente de El Salvador es querido en su tierra y es personaje del mundo, porque ha sido capaz de “limpiar” su país antes infestado de toda laya de delincuencia, en especial de bandas que tenían cooptado a los gobiernos anteriores, y sumido al país en el terror, la pobreza y el atraso.
Ahora es lugar común que no solo los empresarios, ganaderos, comerciantes y todo aquel que disponga de una manera de producir riqueza (en lenguaje de Petro, léase oligarca) sino también el pueblo-pueblo (en lenguaje de Francia Márquez, los nadies y la nadias) reclamen un Bukele para Colombia, azotado como está el país, hasta más no poder, por la violencia creciente y la inacción del Estado para combatirla efectivamente.
El reclamo de “un Bukele” se puso de relieve, no sólo por la historia de violencia e impunidad que venimos soportando por décadas, sino por un hecho que rebasa cualquier realidad y que a los ojos de raizales y extranjeros ya habita el mundo garciamarquiano. Asunto denunciado hasta la saciedad por el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia, a propósito del reportaje publicado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol esta semana, “en el que se exponen presuntas irregularidades que vincularía a integrantes de las disidencias de las farc, lideradas por alias Calarcá, con un alto oficial del Ejército y un funcionario de inteligencia estatal”.
El asunto en comento se refiere a la liberación de alias Calarcá y otros integrantes de las disidencias, tras un operativo entre Barbosa y Porcesito, Nordeste de Antioquia, lo que dio pie para que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, asegurara que “la orden de liberar a la cúpula de las disidencias farc obedeció a decisiones políticas del presidente Gustavo Petro y de la fiscal general Luz Adriana Camargo”. Rendón afirmó que las órdenes de captura contra estos jefes guerrilleros habían sido emitidas por la Fiscalía de Antioquia, pero que posteriormente fueron dejados en libertad, lo que generó un escenario de impunidad que ha impactado la seguridaddel departamento”.
Lo cierto es que el Bukele que ahora piden “oligarcas y pueblo” a una, como en Fuente Ovejuna, es la misma figura del famoso presidente salvadoreño, que usa las redes sociales de manera profusa, no para provocar a gobiernos extranjeros o para amenazar a gremios, alcaldes, gobernadores, magistrados y dirigentes empresariales, sino para dictar cátedra de cómo se combate a la delincuencia, a más que denunciar en caliente decenas de irregularidades que han permitido, permiten y estimulan el florecimiento de bandidos aquí, allá y acullá.
En la medida que Nayib Bukele acaba con pandillas, delincuentes y criminales de todo pelambre, que antes gozaban de impunidad y hasta de protección de gobiernos corruptos, dice al mundo:
“Cuando un gobierno no combate efectivamente la criminalidad, no es porque no tenga la capacidad de hacerlo, sino porque los cómplices de los criminales son los que están en el gobierno”.
«No hay gobierno que no pueda terminar con la delincuencia. Es absurdo. El Estado siempre es más fuerte que cualquier organización criminal».
“Perdonar a los delincuentes es condenar a las víctimas”…
Rememorando la historia de su país, denuncia: “En los gobiernos anteriores no solo les dieron armas a los pandilleros, sino que los entrenaron y les enseñaron a matar. Les dieron dinero, les dieron beneficios y la capacidad de extenderse en el territorio”.
Y advierte a los pandilleros de su país, extensivo a otros: «Pueden correr, pueden esconderse, pero solo hay dos caminos para un pandillero: la cárcel o la muerte. Y ya no podrán esconderse en un hoyo».
Ante los episodios de reciente ocurrencia, casi irreales, que avergüenza la patria día a día, cabe preguntarse:
Verdaderamente, ¿Colombia necesita un Bukele?
El pueblo, que constitucionalmente somos todos, ¡tiene la palabra!


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