Contracorriente: “La paz posible en el Valle de Aburrá: una apuesta que avanza pese a todo”

Por Ramón Elejalde Arbeláez 

Durante décadas, el Valle de Aburrá ha sido escenario de un fenómeno tan persistente como doloroso: el control territorial y social ejercido por estructuras criminales que, con mayor o menor intensidad, han condicionado la vida de millones de habitantes. En este contexto, hablar de paz urbana ha sido tachado de ingenuidad, debilidad o incluso complicidad. Sin embargo, a pesar del escepticismo de las autoridades locales y regionales, y a contracorriente de discursos que apuestan por la continuación de un paradigma punitivo fracasado, hoy es innegable que en Medellín y su área metropolitana ha empezado a tomar forma un proceso de paz urbana cuyos resultados, aunque parciales, son visibles y valiosos.

Hablar de lo que ocurre en el Valle de Aburrá no es un ejercicio de escritorio. Quien observe de cerca —quien haya estado en esos territorios, quien haya escuchado directamente a voceros de las estructuras que por años dominaron la cotidianidad barrial— puede constatar que existe, en más sectores de los que solemos reconocer, una voluntad real de transformar la forma de relacionarse con la comunidad, de abandonar prácticas violentas y de explorar una salida dialogada al conflicto urbano. Esa necesidad, casi existencial para la ciudad, ha ido abriéndose paso entre prejuicios e incomprensiones.

En Colombia hemos insistido durante cincuenta años en la idea de que la cárcel, la persecución implacable o la eliminación física del delincuente constituían el único camino para recuperar la seguridad urbana. El resultado está a la vista: nunca logramos pacificar plenamente los barrios, nunca erradicamos las estructuras criminales y, en muchos casos, la confrontación abierta multiplicó los daños y profundizó el control ilegal en zonas donde el Estado no logró consolidarse.

Mientras la política pública reiteraba la receta tradicional, las comunidades seguían atrapadas entre la violencia y la ausencia institucional. El encarcelamiento masivo tampoco resolvió el problema: la reincidencia y la continuidad de redes delictivas desde las prisiones demostraron que la cárcel, por sí sola, no reconfigura la realidad territorial.

Por eso, insistir en un único método represivo es no solo ineficaz, sino irresponsable. Nuestra sociedad ya intentó esa vía durante medio siglo. Si los resultados no fueron los esperados, ¿por qué no explorar caminos alternativos que, desde la evidencia y la experiencia comparada, han mostrado potencial? El diálogo es uno de ellos, y aunque genera resistencias, ha empezado a dar frutos en el Valle de Aburrá.

No se trata de una promesa vacía. Los avances logrados en los últimos años son medibles, concretos y —sobre todo— palpables en la vida diaria de cientos de miles de ciudadanos. La reducción dramática de los homicidios en Medellín y en varios municipios del área metropolitana no ocurrió por azar. Es el resultado de apuestas que, combinando estrategia institucional, presión social y disposición al diálogo, han logrado desactivar dinámicas violentas arraigadas por décadas.

En entornos escolares se ha reducido de manera significativa la venta de estupefacientes, lo cual tiene efectos directos en la seguridad de niños y adolescentes, pero también en el tejido comunitario. En algunos barrios, pilotos cuidadosamente acompañados por organizaciones sociales e institucionales han permitido desmontar, así sea por un tiempo, modalidades de extorsión que se consideraban imposibles de erradicar. Las niñas, niños y adolescentes gozan de la seguridad de no ser víctimas de explotación sexual. El fentanilo tan destructivo y dañino para la vida de los jóvenes, no se consume en Medellín y triste es reconocerlo, en gran parte gracias a las estructuras del crimen organizado.

Uno de los cambios más profundos —y menos comentados en los grandes titulares— ha sido la desaparición de las llamadas “fronteras invisibles”, esas líneas fantasmales pero fatales que separaban comunidades enteras, impedían la libre circulación y condenaban a miles de jóvenes a elegir entre el confinamiento o el riesgo de la muerte. Hoy, en Medellín y sus municipios vecinos, esas fronteras ya no existen. Esa sola transformación representa, para muchas familias, un antes y un después en su derecho elemental a vivir sin miedo.

Hablar de estos logros no es idealizar la situación ni proclamar un triunfo definitivo. Es reconocer que, aunque la paz absoluta es imposible —ninguna ciudad del mundo la posee—, sí puede alcanzarse una paz posible, una paz suficiente para que las personas vivan con mayor tranquilidad, sin el peso permanente de la violencia que condiciona sus trayectorias de vida.

La discusión pública sobre la paz urbana suele partir de una negación: la negación del control real que las estructuras criminales han ejercido sobre vastas zonas del territorio. Es una verdad incómoda, pero ineludible: durante años estas organizaciones no solo impusieron orden violento, sino que llenaron vacíos estatales, administraron conflictos locales, regularon el comercio, influyeron en los sistemas de transporte y, en algunos barrios, llegaron incluso a prestar servicios que le corresponderían al Estado.

Esa anormalidad se volvió normal. Tanto, que hoy no resulta extraño escuchar a vecinos reclamar que no les retiren la “seguridad” que los grupos armados ejercen sobre sus comunidades. Tampoco es extraño que, ante una dificultad cotidiana, un ciudadano busque a un policía para pedir ayuda y reciba una respuesta tan dura como reveladora: “Hable con los muchachos de arriba; ellos le solucionan eso”.

Quien pretenda construir una política urbana ignorando esta realidad está condenado al fracaso. No se puede transformar un fenómeno que no se reconoce. Y la verdad, por dolorosa que sea, es que estas estructuras forman parte del entramado sociopolítico y económico de amplios territorios. Excluirlas del debate es postergar, indefinidamente, cualquier solución de fondo.

Resulta paradójico que el proceso de paz urbana haya avanzado más por la persistencia comunitaria, social y de algunos sectores institucionales nacionales que por el apoyo de las autoridades locales y regionales. La resistencia frontal —y en ocasiones ideologizada— con la que se han enfrentado estos esfuerzos resulta incomprensible.

¿Por qué oponerse a un proceso que ha reducido homicidios, protegido a la niñez, desactivado extorsiones y devuelta movilidad a barrios históricamente sitiados? ¿Por qué temer al diálogo cuando la confrontación armada ha demostrado, una y otra vez, su inutilidad para resolver el problema?

Tampoco deja de sorprender la indiferencia del sector empresarial. Si alguien debiera estar interesado en una ciudad más segura, estable y con menores costos derivados de la ilegalidad, es precisamente el empresariado. Una paz urbana exitosa es un motor de desarrollo económico, inversión y bienestar general. Que quienes más se beneficiarían emocional y económicamente del proceso permanezcan al margen revela una desconexión profunda entre la realidad territorial y la visión estratégica de algunos de sus líderes.

A pesar de los obstáculos, de la incomprensión y de los ataques políticos, una convicción se mantiene intacta: la paz es posible. No una paz utópica ni perfecta, sino una paz alcanzable, construida desde la realidad y orientada por la voluntad tanto de las instituciones como de quienes históricamente fueron actores del conflicto urbano.

Medellín y el Valle de Aburrá han demostrado que la ciudad puede cambiar si se combinan valentía política, acompañamiento social, escucha activa y la firme decisión de apostar por alternativas distintas a la violencia. Hoy, la ciudadanía vive con mayor tranquilidad, y aunque aún falta un largo camino, ya existe una base tangible sobre la cual edificar un futuro diferente.

El reto ahora es sostener lo logrado, ampliarlo, corregir errores y fortalecer los espacios de diálogo. Renunciar a esta oportunidad sería un retroceso histórico. Persistir en ella, por el contrario, permitirá consolidar un modelo de convivencia que, sin pretender ser perfecto, hará posible lo que durante años se creyó imposible: una ciudad donde la vida sea menos vulnerable, donde la niñez pueda crecer sin miedo y donde la paz deje de ser un ideal para convertirse en una experiencia cotidiana.

Lo digo con sinceridad y con esperanza: la paz es posible, y en el Valle de Aburrá ya empezó a ser realidad.