La descentralización fiscal y la autonomía territorial: una deuda que Colombia no puede seguir aplazando

Por Eugenio Prieto Soto

Director DAP Antioquia

Más de tres millones de colombianos, con la confianza puesta en el mecanismo de participación ciudadana previsto en el artículo 103 de la Constitución, firmaron para que, mediante un referendo, el pueblo en las urnas decidiera si aprobaba o no reequilibrar el recaudo tributario.

La Comisión Primera del Senado de la República decidió no escuchar y cerró la puerta a este histórico debate, aplazado por décadas. La pobreza, la marginación, las exclusiones y las violencias actuales, producto de un modelo centralista que atrofia el desarrollo de las entidades territoriales, muestran que el Referendo Fiscal propuesto no era un capricho, sino una necesidad apremiante y el desarrollo de una promesa de la Constitución del 91, hasta ahora incumplida.

Mientras no haya descentralización fiscal y autonomía territorial real, seguiremos condenados a una cultura centralista que concentra en Bogotá —gobierno central— la gran mayoría de los impuestos recaudados en todos los departamentos y municipios de Colombia, a los cuales solo les devuelve migajas, con destinación específica.

Las cifras son contundentes: la Nación concentra el 85% del recaudo tributario (impuesto de renta, IVA y otros); los distritos y municipios apenas el 11% (predial, ICA y demás); y los departamentos, un exiguo 4% (rentas cedidas).

El mandato constitucional de transferir hasta el 46,5% de los ICN terminó reducido al 20% por actos legislativos. En tres décadas, los territorios dejaron de recibir cerca de $500 billones que debieron financiar salud, educación, agua potable y saneamiento básico.

Así, la brecha de ingresos entre la Nación, los departamentos y los municipios no solo persiste, sino que se ensancha cada vez más: el sino trágico de una descentralización atrapada por el centralismo.

Sin atender de fondo los argumentos del Comité Promotor ni la reglamentación que el Congreso debía expedir en los dos años siguientes, se desestimó el proyecto con un argumento simplista: el supuesto “doble efecto” en las rentas de la Nación y en el SGP, al reducirse su base de liquidación.

No se escuchó el clamor ciudadano. Ni siquiera se permitió discutir la sustitución del SGP ni los criterios de distribución que habrían permitido a la Nación recortar su enorme burocracia y a los departamentos no solo recibir el impuesto de renta, sino también asumir de manera directa la administración del Sistema General de Participaciones como territorial (SGPT).

Ese cambio habría equilibrado la cancha y otorgado a las regiones mayor capacidad de decisión sobre su propio desarrollo. Y ojo: no se trataba de un negocio para Antioquia, Bogotá o Valle, como algunos insinuaron.

La propuesta contemplaba un fondo de transición para mitigar impactos fiscales y garantizar equilibrio, además de remunerar a la DIAN por el recaudo y al DNP por el fortalecimiento de capacidades territoriales.

Con el SGPT, aplicando los criterios propuestos por la Misión de Descentralización — ambientales, étnicos, de desarrollo económico y de igualación fiscal—, además de los previstos en los artículos 356 y 357 de la Constitución, todos los departamentos y municipios del país habrían duplicado sus ingresos, especialmente los más pobres y con mayor riqueza ambiental.

El Congreso debe escuchar la voz de las regiones y materializar el mandato constitucional de un Estado unitario descentralizado, en equilibrio con la autonomía de las entidades territoriales. Porque el futuro de Colombia no se dicta desde un escritorio en Bogotá: se siembra y se cultiva en los valles, en las montañas, en los llanos, en las costas y en cada municipio que reclama con dignidad su lugar en la historia.