El presidente ejecutivo de Tax Individual, Fabián Quintero Valencia, fijó su posición sobre un proyecto de ley que, según sus apreciaciones amenaza con menoscabar las condiciones como opera el transporte de servicio público.
La comunicación no sólo le fue enviada a los periodistas, sino también a los congresistas.
El análisis es el siguiente:
Respetados Periodistas:
Tax Individual y sus Empresas Aliadas quiere compartirle el sentir frente al proyecto de ley 136/2024S, que amenaza con menoscabar las condiciones en las que opera el transporte público de pasajeros, con base en una estructura sólidamente definida en las leyes vigentes.
Esta comunicación fue enviada a los Senadores de la República:
Proyecto de ley 136 de 2024: Senadores escuchen al transporte público de pasajeros.
Las ciudades siempre han tenido una planeación para el desarrollo y ordenamiento de los territorios y una infraestructura proyectada para la movilidad, la cual se ha pensado y transformado para que sea el transporte masivo, semimasivo, colectivo y taxis, el que movilice el mayor número de personas, potenciando la legalidad y formalidad en las diferentes modalidades de transporte público habilitados por las autoridades.
Así mismo, el transporte público ha sido pensado, organizado y regulado jurídica, administrativa, técnica y operativamente para que sea seguro, cómodo, accesible y dé prelación al interés general sobre el particular para brindar protección a los Pasajeros (Estatuto Nacional de Transporte).
Es por esto que, Tax Individual y sus Empresas Aliadas han realizado por años seguimiento, análisis y participación activa en todos aquellos proyectos de ley relacionados con el transporte público individual de pasajeros.
Desde el año pasado hemos trabajado, especialmente, en el proyecto de ley 136/2024S, porque consideramos que desvirtúa lo que se ha construido en las ciudades y el sector de taxis.
El transporte público de pasajeros en Colombia tiene una estructura y este proyecto de ley, de ser aprobado, rompería con esta, trayendo efectos adversos y grandes costos en los ámbitos social, económico, ambiental y de movilidad.
Al analizar los efectos que se tienen en el ámbito social, encontramos que actualmente en el país hay aproximadamente 500.000 taxis, de los que dependen más de 1.000.000 de familias, quienes hoy sufren de una competencia desleal por los vehículos particulares que prestan un servicio intermediado por plataformas.
Los conductores de taxi han visto sus ingresos deteriorados al haberse reducido el número de servicios que hacían diariamente, mientras los costos suben cada año como: los impuestos, los seguros, el combustible, los repuestos, la seguridad social y la canasta familiar, entre otras responsabilidades asociadas a la legalidad y la formalidad.
Esta práctica ilegal, de movilizar personas a través de vehículos particulares intermediados por plataformas, profundiza la desigualdad con quienes cumplimos las exigencias legales del transporte público y acrecienta el subempleo.
Debemos resaltar la gran inversión que hay en el país en el sector de taxis en dinero, trabajo, tecnología, formación, seguridad y estructura empresarial, entre otros; no obstante, la informalidad e ilegalidad y este tipo de proyectos, amenazan con que este siga siendo un sector económicamente activo como lo ha sido hasta hoy.
La transformación de los territorios y la manera en la que nos movilizamos, implican cambios culturales en la comunidad, en la ocupación del espacio y la seguridad, los cuales siempre deben estar alineados con la legalidad, formalidad e institucionalidad, como lo hemos venido haciendo las empresas de transporte público habilitadas.
Proyectos de ley como el que hoy analizamos, están cargados de publicidad y lobby con robustos presupuestos que solo ofrecen al imaginario de las personas que su tecnología es lo más novedoso.
Mientras que las empresas de transporte público tenemos tecnología y somos mucho más, porque trabajamos permanentemente por el desarrollo, la innovación, el mejoramiento de la experiencia de transporte, la formación a los conductores, la transformación de acuerdo con los territorios y las necesidades de la comunidad, además, damos garantías, somos solidarios y una cara visible del servicio ante pasajeros, conductores y autoridades.
Esto es legalidad y formalidad en el transporte público de pasajeros. Hacemos un llamado a los Senadores para que acojan estos planteamientos y que sean conscientes que este proyecto de ley no está abordando las normas de transporte, sino que están desarrollando el tema a través de una norma ordinaria, contraviniendo las normas estatutarias de este.
En el ámbito económico, el Estado, las empresas de transporte y los propietarios de los vehículos hemos realizado grandes transformaciones para apoyar la dinámica del derecho al transporte, priorizando la seguridad, la infraestructura, el ordenamiento territorial, la capacidad vehicular y el parque automotor.
Este tipo de proyectos deben ponderarse desde el punto de vista fiscal, por la afectación que tendrían las modalidades de transporte en operación como el metro, el tranvía, los buses, los especiales y los taxis, por el número de pasajeros movilizados que hoy ya se encuentra reducido y que, con su aprobación, llevaría a una reducción aún mayor, que al final tendría que asumir el Estado con una eventual indemnización.
Los perjuicios también se presentan en el medio ambiente y la movilidad con esta iniciativa, ya que la capacidad vehicular para la prestación del transporte público de pasajeros, fue pensada para priorizar la movilización de la comunidad a través de ellos, reduciendo emisiones y evitando la congestión vehicular, es por esto que, los vehículos particulares prestando un servicio para el cual no están autorizados, no es coherente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los esfuerzos realizados por el Estado para la sostenibilidad.
Esperamos que el Gobierno Nacional, a través de sus Ministerios, se sumen a este importante tema de país y apoyen al transporte público de pasajeros legal y formal.
Señores Senadores: ¡Escúchennos!
El proyecto de ley 136 de 2024 es inconveniente y no debe ser aprobado.
No se trata solo de una discusión legislativa alrededor de aplicaciones, sino de un proyecto con graves afectaciones en los ámbitos social, económico, ambiental y de movilidad para la comunidad y las ciudades, así como para el transporte público de pasajeros que ha estado y seguirá presente en la planeación y el desarrollo de los territorios, siendo organizados y regulados jurídicamente, pensando en el bienestar general y sosteniendo la movilidad formal de millones de colombianos.
Un abrazo fraterno,
FABIÁN QUINTERO VALENCIA
Presidente de Tax Individual y sus Empresas Aliadas
Más historias
Vistazo a los hechos: Petro, una vergüenza para Colombia
Contracorriente: José María Obando y el asesinato del Mariscal de Ayacucho
Entre la esperanza y el caos