
Por Darío Ruiz Gómez
El primer pronunciamiento de los Servicios Jurídicos de la Unión Europea respecto a la amnistía otorgada por el gobierno de Pedro Sánchez a los sediciosos catalanes encabezados por Puigdemont y que incluye una inaudita amnistía sobre malversación de fondos públicos, redactada por juristas que desviaron la ley para obtener este propósito, ha sido muy explícito respecto a este despropósito: “Se aprobó por un procedimiento de urgencia lo que evitó el debate público necesario como los informes concretos de órganos consultivos”. “Han usado un elemento de reconciliación como moneda de cambio político”.
El adefesio jurídico de Conde Pumpido – nuestra versión de Montealegre- “sirvió para causar una división más profunda, para vulnerar la igualdad” en la sociedad española. La autoamnistía de Sánchez se hizo no para beneficio de la ciudadanía sino bajo el interés personal de quien no tiene escrúpulos para destruir la unión de España con tal de mantenerse en el poder. Sánchez ha pretendido que se decrete el olvido a unas jornadas de sedición con turbas de agitadores quemando vehículos, levantando barricadas en las calles, quemando los vehículos de la policía, agrediendo a quien hablara español fuera anciano o un niño en un alarde de alucinante nacionalismo.
La autoamnistía de Sánchez- Conde Pumpido, legislador al uso, quien olvidó su lealtad a la Ley para convertirse en un malhechor pretendía que la ciudadanía perseguida y ofendida aceptara que “esta violencia no había sucedido”. Con la probada ultracorrupción del gobierno Sánchez el catalanismo representado por políticos(as) de bajo perfil está ahora en sus horas malas y el 60% de los jóvenes quieren el español como primera lengua.
A petición del entonces Presidente Santos y con el propósito de reafirmar su proyecto de Paz presentado mediante unas suntuosas escenografías en la Habana, whisky, katamaran, noches mágicas, altos sueldos y todo el tiempo disponible para que los enviados de Paz del Gobierno se dejaran seducir por el acento y la parla de un verdadero delincuente político como Enrique Santiago, asesor desde años atrás de las Farc en “Derechos Humanos”, se convocó a un plebiscito donde la ciudadanía puso de presente su enfático rechazo a esta paz viciada de salida por las concesiones inauditas otorgadas a las FARC. Nadie de estos comerciantes de la paz, empezando por Santos quien ya se veía presidiendo la ONU, pudo salir del shock en que les dejó una consulta que desenmascaró aquella farsa, Santos y su cohorte de juristas negaron el triunfo de la oposición y dejaron expedito el camino para la tarea de seguir hasta hoy borrando culpables y no exigir reparaciones. Este fue el punto de arranque de lo que ha supuesto una vil traición a la ciudadanía y el permanente socavamiento de nuestra democracia por parte de una justicia arrodillada permitiendo que ninguno de los confesos jerarcas del terror pueda ser condenado y finalmente se consuma el desmembramiento del territorio del país.
¿Cuál fue el momento en que este país comenzó a joderse? ¿De quién es esta pregunta tan cierta? Revisar nuestro inmediato pasado es una urgente tarea que debe hacerse desde la complejidad que tiene un hecho histórico como el de esta farsa, con el fin de darnos cuenta del comienzo de una desgracia y sobre de todo de los nombres de quienes han contribuido a ella.
Crear un conflicto con tantas muertes y tantas desgracias, repito, es la estrategia del leninismo. O sea que con esta justicia nunca habrá paz en Colombia.
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