Contracorriente: La salud en Colombia: un barril sin fondo

Por Ramón Elejalde Arbeláez 

En Colombia, excepto los pacientes, pocos parecen preocuparse por el inminente colapso del sistema de salud. Desde hace más de quince años he insistido en la necesidad de eliminar el modelo de intermediación que opera a través de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Ese esquema, implantado en la Ley 100 de 1993, se ha agotado. Quienes más sufren las consecuencias de su fracaso son los enfermos de las clases populares y medias, que enfrentan barreras, demoras, deudas impagables y un trato deshumanizado.

El Gobierno nacional presentó al Congreso un proyecto de ley que plantea una reforma estructural al sistema. Podrá ser buena, regular o mala, pero al menos constituye una base para el debate democrático. No obstante, el Congreso y muchas élites políticas parecen más interesadas en preservar las EPS, pese a estar técnica y moralmente quebradas. Y aunque es cierto que algunas cumplen con sus obligaciones, el modelo en su conjunto evidencia profundas fallas.

Esta semana se conoció un informe devastador de la Contraloría General de la República, en el que se denuncia el creciente desorden financiero del sector salud. Entre 2023 y 2024, las EPS no intervenidas por el Estado aumentaron sus deudas en más de 5,5 billones de pesos. Además, el gasto en salud creció un 12,9 % en ese mismo período, lo cual desmiente la narrativa de que el Gobierno nacional está desfinanciando el sistema. Lo que hay no es desfinanciación, sino desangre por corrupción y desvío de recursos.

Según ese informe, entre 2020 y 2024 las EPS administraron más de 14 billones de pesos de los cuales no se tiene certeza sobre su destino. Más grave aún: en lo corrido de 2024, el Estado ha girado los recursos al sistema, pero cerca de 3 billones de pesos están en paradero desconocido. Mientras el Gobierno asegura haber transferido oportunamente los fondos, varias EPS alegan haber recibido montos inferiores. Un juego de cifras que, de fondo, encubre la falta de transparencia y control.

Este panorama es desolador. Que una institución como la Contraloría —independiente del Ejecutivo— hable de recursos perdidos por más de 14 billones de pesos en manos de las EPS, debe encender todas las alarmas. La verdadera tragedia es que no se trata de desfinanciación presupuestal, sino de un saqueo sistemático. A ello se suma el escándalo de los más de 20 billones de pesos que las EPS debían mantener como reservas técnicas, pero que no aparecen por ninguna parte.

Hablamos, entonces, de un desfalco monumental. No son millones, ni siquiera cientos de miles de millones: son decenas de billones que han salido de los bolsillos de los contribuyentes colombianos para alimentar redes de clientelismo, enriquecimiento ilícito y, posiblemente, financiamiento de campañas políticas.

Pero ¡qué nivel de cinismo! Mientras el país debería estar exigiendo rendición de cuentas por este desfalco, los grandes medios y la oposición se han centrado en la disfluencia verbal del presidente Gustavo Petro al pronunciar una palabra. Se escandalizan porque dijo que las deudas de las EPS con las IPS ascienden a 100 billones de pesos, cuando el informe indica que son “solo” casi 40 billones. En esa diferencia, como diría un viejo indígena de mi tierra, “ningún ventaja, compadre”. Sea una o la otra, la deuda es escandalosa.

Queda una pregunta que clama al cielo: ¿Dónde está la Fiscalía General de la Nación? ¿Qué investigaciones adelanta? ¿Qué resultados ha producido? ¿Es cierto que recursos de la salud terminaron en cuentas personales de directivos de las EPS? ¿Existe evidencia de que parte de esos fondos fueron canalizados a campañas políticas o trasladados a paraísos fiscales? El informe de la Contraloría merece ser la base de un bloque de búsqueda judicial y contable, con la misma severidad con la que se enfrenta al narcotráfico.

Urge, con carácter perentorio, que el Congreso de la República y la dirigencia política asuman su responsabilidad histórica. Es hora de producir una reforma estructural, no cosmética, que saque al sistema de salud del pantano en el que hoy se encuentra. No podemos seguir entregando los recursos públicos a unas intermediarias que —con escasas excepciones— parecen vivir en un festín permanente con el dinero del Estado, mientras miles de pacientes mueren esperando citas, tratamientos o medicamentos.

La salud, consagrada como derecho fundamental, no puede seguir siendo tratada como un negocio privado. Un país que permite que se roben los recursos de la salud está condenado a la indignidad, la desigualdad y el deterioro social. Colombia merece un sistema justo, eficiente y transparente. Y para lograrlo, hay que acabar con el saqueo, la impunidad y la hipocresía.