Delincuencia y política

Por Darío Ruiz Gómez 

Creo, los que habitamos esta ciudad y en ella hemos vivido reconociendo en barrios y esquinas los significados que han servido para identificarnos en el tiempo como integrantes de una gran familia que seguimos llevando silenciosamente las heridas que nos causó esa suprema ofensa al ser humano que supuso la irrupción del narcotráfico.

 Decenas de investigaciones publicadas sobre esta implosión que destruyó la familia, que destruyó la amistad de los muchachos de barrio, que creó guetos con los desplazamientos de población para dar paso a una desaforada especulación inmobiliaria, violencia que introdujo la desconfianza sobre los otros, desterró la cultura de la noche, eliminó al transeúnte e introdujo la mortal consigna del enriquecimiento rápido llenando las calles de cadáveres. Cifras que aterrorizan y trastornan aún la conciencia de un ser civilizado.

¿Cómo pudo someterse a una sociedad a esta infamia castigando al juez probo, a quien se atreviera a protestar por esta insania que enriqueció hasta el absurdo a un grupo de desalmados jamás imaginados por la historia de la crueldad?

En el alma atribulada de millones de víctimas de estas carnicerías, debemos aceptarlo, no se ha concedido perdón alguno a estos monstruos y no puede haberse concedido el perdón ya que en ningún momento lo han pedido ni han reparado debidamente a sus víctimas.

En este Medellín confluyeron en la barbarie no solo capos y sicarios sino el ELN y las Farc que crearon “territorios libres” donde pudieron demostrar ser más sádicos que sus futuros socios de fechorías.

Al colocar junto a él en la tarima a una cuerda de estos criminales condenados por sus asesinatos, por la esclavitud a que han sometido a niños y ancianos, Petro e Isabel Zuleta la comisaria de las Farc, hicieron que se reabrieran estas heridas, que de pronto volviéramos a sentirnos desprotegidos ante la ley pues allí estaba presente y muy conforme con el acto, nada menos que el Ministro de Justicia.

¿Un Ministro de Justicia ignorando que juzgados y condenados por la justicia por crímenes contra la humanidad no pueden ser presentados como personas “en proceso de rehabilitación”? ¿No están a toda hora los mamertos reclamando la “memoria colectiva?

El infantiloide reclamo de que  los túneles – y el del Toyo sobre todo- constituyen un “peligro” ya que desestabilizan las montañas, además de responder a una ideología abiertamente antiprogresista, tiene que ver con el hecho de que las empresas antioqueñas los hayan construido felizmente sin contar con los aportes que por ley debió hacer el Gobierno. Rebajada la política a este ínfimo nivel de rencores personales que reavivan los atavismos y arrastran las conductas hacia la irracionalidad, – negar las grandes vías y regresar a las trochas- desconociendo el aporte de las víctimas en la tarea de restaurar la vida en común, comunidades que sufrieron y siguen sufriendo en carne propia la desproporcionada desigualdad social causada por el inmenso poder económico de estos matones.

La respuestas de las comunidades ha sido la de responder a esta violencia haciendo sus propios Pactos Sociales sin esperar las recetas de las burocracias “especializadas en conflictos”.  Respuestas humanas como la solidaridad puesta de presente en la tragedia de Bello en un barrio de expulsados.

¿Confinar una Comuna no es el mayor delito? ¿Destruir la vida de vecinos de una ciudad no es un delito mayor? Que a la tarima solamente suban quienes padecieron y continúan padeciendo el destierro, el desplazamiento, los niños que no volverán a encontrar a su familia.