“Las tarimas no son un lugar propicio para los responsables de los crímenes”

@petrogustavo

La defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó la presencia de jefes criminales de las bandas del Valle de Aburrá en la tarima en un acto presidido por el presidente Petro.

Iris Marín expresó que, pese a respaldar la política de Paz Urbana del Gobierno Petro, considera que la presencia de estos sujetos en actos públicos vulnera a las víctimas del conflicto.

La defensora dijo: “Las tarimas no son un lugar propicio para los responsables de los crímenes. El lugar de los responsables es la sanción penal, el reconocimiento de su responsabilidad frente a las víctimas, dando y diciendo la verdad. Cuando se confunde el lugar de los responsables con el de actores políticos en un contexto electoral, no hay paz que sea posible”.

Iris Marín dijo que “desalienta ver la falta de coordinación del Gobierno nacional con el municipal. Más que descoordinación, se advierte rivalidad. La ciudad de Medellín no debería ser escenario de disputa política entre los mandatarios. La obligación del presidente y del alcalde es la de articulación, para poner fin a la violencia y conseguir la paz de la ciudad”.

“La paz urbana necesita legitimidad social, institucional y moral. Cualquier mensaje que haga pensar que se está utilizando el proceso para otros fines políticos puede hacerle daño a la ciudad. El centro no debe ser la rivalidad entre los mandatarios y sus formas de ver la paz. El centro debe ser la reducción de la violencia y los derechos de las víctimas”, expresó.

Frente a la política de paz urbana, la defensora insistió: “En primer lugar, poner en marcha la Subcomisión de la Niñez y Adolescencia acordada en el Proceso de Paz Urbana, que contará con delegados del Gobierno Nacional, voceros de las estructuras armadas y el Icbf. La Defensoría del Pueblo está en disposición de apoyar al Gobierno nacional y al municipal en articular sus competencias en torno al trabajo de esta subcomisión”.

Posteriormente, la funcionaria manifestó que la política debe “definir un marco jurídico de sometimiento a la justicia de los responsables de los crímenes que sirva para este proceso de paz urbana, así como los de Buenaventura o Quibdó. Este marco de sometimiento debe tener como base la garantía de los derechos de las víctimas y garantizar también la independencia de la labor de la Fiscalía y de la Rama Judicial”.

De igual forma, pidió garantizar la participación efectiva de la sociedad civil, “sobre todo de los jóvenes y las víctimas, con miras a la reparación y la reconciliación en la ciudad (…) y establecer un mecanismo de monitoreo general que permita medir el impacto de los cinco compromisos previos del proceso”.