Por Iván de J. Guzmán López
El escritor Jorge Hau, Máster y doctorado de University of Birmingham, autor de valiosos títulos, entre ellos, Venezuela Posible: tenemos el gobierno que merecemos, recuerda con tristeza:
“Cuando en Venezuela advertimos lo que se avecinaba, muchos en Venezuela decían que no vale, esto no es Cuba, no los venezolanos no lo permitiremos, eso no va ocurrir aquí, etc. Subestimaron a la izquierda, al socialismo del siglo 21. Hoy Venezuela es un apéndice de Cuba. El país más rico de la región, a donde todos los migrantes querían ir, una de las democracias más antiguas y estables de Latinoamérica, hoy yace sumida en una profunda crisis, sin gasolina, ni gas para cocinar, ni electricidad, ni agua, viviendo como en la prehistoria. No hay inmunidad en contra del socialismo, es como el coronas virus, altamente contagioso y mortal”.
Horrorosa, recordación la del doctor Hau. Y aunque el gobierno Petro ha avanzado en esta dirección por espacio de tres años, rodeado de lo peor de la clase política colombiana, la actuación del senado esta semana en el sentido de hundir la mal llamada consulta popular, nefasta para el empresariado (en especial para los pequeños empresarios) y la creación de empleo, le está gritando a la tropa de Petro que Colombia no puede ser Venezuela.
Para empezar, el combustible de la guerra y la violencia en Colombia, valga decir el narcotráfico y los cultivos ilícitos, está operando a sus anchas, casi como un abierto desafío al gobierno Norteamericano. En esta materia el incumplimiento de las promesas del gobierno de Gustavo Petro, específicamente en lo relacionado con la creación de empresas y negocios sostenibles en zonas afectadas por cultivos ilegales, es aberrante.
Según Daniel Briceño, concejal de Bogotá, “la administración gubernamental se comprometió a crear 300 empresas con las comunidades en territorios afectados por cultivos ilegales, así como 150 negocios verdes en las mismas áreas, pero, hoy, los avances en estas áreas se mantienen en cero”.
En materia de proyectos de infraestructura en el territorio, la situación es lamentable. La senadora María Fernanda Cabal, glosa un triste panorama:
Aeropuerto Internacional La Guajira: Anunciado en enero de 2024, el proyecto solo ha avanzado hasta la fase de prefactibilidad, con $1.913 millones invertidos en estudios preliminares y consultorías. A la fecha, los diseños tienen apenas un 27,11% de avance, sin evidencia de inicio de obras.
Aeropuerto en Ayapel, Córdoba: A pesar de ser una necesidad para la región, ni siquiera se han iniciado los estudios y diseños. La falta de gestión evidencia el incumplimiento del compromiso gubernamental con el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria en este departamento.
Tren elevado de Buenaventura a Barranquilla: Un megaproyecto ferroviario anunciado sin ningún respaldo técnico ni financiero. No hay presupuesto asignado, ni estudios de prefactibilidad en curso. Se trata de una idea sin fundamentos reales para su materialización.
Soterramiento de la autopista Sur en Soacha: Con una inversión inicial de $1.500 millones para análisis de viabilidad, el proyecto sigue en la fase de prefactibilidad, sin claridad sobre el costo total ni el financiamiento necesario para su ejecución.
Vía férrea Villavicencio – Puerto Gaitán: A pesar de contar con $1.500 millones para estudios, el proyecto no ha pasado de la fase preliminar. La conectividad ferroviaria en la región de la Orinoquía sigue siendo una promesa sin avances concretos.
Doble calzada Pasto – Popayán: No hay presupuesto asignado ni estudios en curso. La obra solo se encuentra en la fase de proyección, sin ninguna garantía de ejecución en el corto o mediano plazo.
Ni para qué hablar del nulo apoyo a la infraestructura de Antioquia.
El Tiempo reporta que “en la transmisión del consejo de ministros, el propio presidente Gustavo Petro reconoció (en forzoso horario Triple A) uno de los sellos de su gobierno: la falta de ejecución, que se refleja en el incumplimiento de 146 de 195 promesas hechas a las comunidades en cuatro jornadas de ‘Gobierno con el Pueblo’ y una única de ‘Gobierno con los Barrios Populares’. Así de simple.
A hoy, el gobierno incumple promesas que claramente afectan el bienestar de los colombianos: no desmanteló el Esmad, no congeló el precio del ACPM y tampoco condonó varias deudas de Icetex. Según datos oficiales, en agosto de 2022, el precio del galón de gasolina regular rondaba los 9.200 pesos. Para mediados de 2024, el precio ya superaba los 14.000 pesos por galón, representando un aumento de más del 50% en menos de dos años de gobierno. Una de las metas incumplidas que más ha dolido es el de la construcción de 70.000 viviendas de interés prioritario, la mayoría para víctimas, de las cuales apenas hizo 2.934. Hoy, el sector está destrozado.
Hoy, el sistema de salud, está acabado; la educación está rezagada, el sector energético destruido; la empresa emblemática de Colombia, Ecopetrol, va camino de la quiebra, la corrupción florece como nunca, la paz total es simplemente guerra total; un ministro del Interior como Benedetti, que debería ser agente de concordia y búsqueda de alternativas para el bienestar del país, ahora foco del desprecio de la comunidad española y de millones de ciudadanos colombianos, tras el hundimiento de la consulta, aparece en una fotografía publicada por la Revista Semana, en la cual se revela que el primer mensaje que le habría enviado al presidente tras conocer el resultado de la votación no fue precisamente de paz; fue sed de confrontación e incendio del país: “¿Quién convoca la huelga general?”.
La advertencia del doctor Hau, y este triste panorama, nos pone en alerta, y es una campanada urgente para que las fuerzas vivas de Colombia tomen nota y actúen en correspondencia:
¡Colombia no puede ser Venezuela!


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