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La Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el expresidente del Senado Iván Name y el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle, por estar presuntamente implicados en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Los dos congresistas son señalados de supuestamente recibir, 3.000 millones Name y 1.000 millones Calle, para apoyar las iniciativas impulsadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
La decisión fue adoptada por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que los investiga como supuestos autores de delitos como cohecho impropio y peculado por apropiación.
Fueron cuatro votos a favor y dos en contra, tras ya haber concluido la etapa de recolección de pruebas la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Por este escándalo de corrupción ya fue condenado Sneyder Pinilla, exsubdirector de Gestión del Riesgo, a más de cinco años de prisión, por desvío de millonarios recursos de esta entidad, tras lograr un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, para convertirse en testigo clave.
La defensa jurídica de Andrés Calle, en la etapa de recolección de pruebas, había solicitado que no se impusiera una medida privativa de la libertad contra su cliente.
A los dos congresistas están señalados de haber recibido altas sumas de dinero que venían de contratos, específicamente del cuestionado convenio para la compra de carrotanques destinado a suministrar agua potable para población indígena y vulnerable en La Guajira.
Según Sneyder Pinilla, bajo orden de Olmedo López (quien era director de Gestión del Riesgo), le habría entregado a Calle mil millones de pesos a cambio de respaldar las reformas del gobierno; Name habría recibido tres mil millones de pesos, por la misma razón.
Este alto Tribunal, conforme a su decisión, definió que hay méritos para llevar a juicio a los dos implicados ante la sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia.
Name y Calle serán puestos a disposición de un juez con función de control de garantías para que, en un plazo máximo de 36 horas, se realice la respectiva audiencia de control de legalidad de esta captura.
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