Por Nicolás Albeiro Echeverry
3 de marzo de 2025, El fracaso rotundo de los procesos de legalización en nuestro país, ordenados por la Ley 685 de 2001, la Ley 1382 de 2010 y la Ley 2250 de 2022, no reglamentada en materia del Plan Único de Legalización Minera, demuestra con claridad no solo el nulo interés de los últimos gobiernos por resolver la difícil problemática de la explotación de yacimientos de minerales metálicos, sino también una guerra contra las actividades extractivas por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
El reconocimiento de esta problemática, enmarcada además por las inexplicables restricciones ambientales extremas del SINA, tiene al país al borde de una gravísima crisis social en las zonas rurales productoras. Cerca del 90% del territorio nacional es hoy un área protegida, una reserva forestal o ambas. Sin embargo, con el Decreto 044 de 2024 se pretende que el 10% restante también se convierta en reservas ambientales temporales, para lograr que el tan enunciado “país de la belleza” se materialice, pero sin colombianos en las zonas rurales.
Desafortunadamente, las actividades mineras tradicionales no solo se desarrollan bajo un marco de ilegalidad ante la declarada oposición del último gobierno, sino que estas comunidades son criminalmente intervenidas por actores armados narcoterroristas. No en vano, la política estatal de legalización (tránsito de la ilegalidad a la legalidad) y la mal llamada formalización (término económico que define el paso de la informalidad a la formalidad a partir de la organización empresarial o solidaria) ha servido de excusa para que la Autoridad Minera delegue esta responsabilidad a las fuerzas armadas y de policía, bajo la premisa de que ser ilegal es ser criminal y, por lo tanto, esta problemática no es de su plena competencia.
El Proyecto de Ley 340/24 Cámara, reforma del Código de Minas, establece claramente la diferencia entre minería ilegal y minería criminal, bajo la premisa de que para calificar esta actividad como delictiva debe demostrarse la relación entre los mineros y los actores armados que delinquen en sus territorios. Colombia no puede aceptar que, al habitar en territorios dominados por la criminalidad, el Estado no solo no haga presencia institucional, sino que, además, endose a los mineros el calificativo de criminales, los persiga, destruya su patrimonio e incluso sean víctimas de agresiones o asesinatos por parte de las propias fuerzas del Estado, como sucede actualmente.
Esta errónea y arbitraria política ha gestado una crisis silenciosa que alimenta el conflicto armado en todas sus expresiones: violencia, desplazamiento, confinamiento, extorsión, secuestro y otros males, ante el silencio y la evasión de responsabilidades de las autoridades. Es apremiante la desconcentración de la Autoridad Minera en los Distritos Mineros establecidos por la UPME, propuesta contenida en el proyecto de ley antes mencionado y ordenada por la Ley 2250 de 2022, que en la práctica contraviene el propósito de convertir escenarios productivos en espacios de reconversión, forzando a los mineros a transformarse en productores agropecuarios o, en el peor de los casos, a abandonar sus territorios ancestrales.
Pero esto no es solo el resultado de la Ministra Filósofa con su apuesta gubernamental de “economía 0”.
La crisis vigente se agrava por el imparable desplome de la inversión extranjera (30% en la última cifra) y, lo más impactante para las regiones, la reducción de las regalías mineras, que se suma a la misma problemática en el sector de hidrocarburos (gas y petróleo), atentando gravemente contra el desarrollo económico y el bienestar social.
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