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Una acción de nulidad simple contra la resolución que crea las Zonas de Protección de Alimentos, la cual atenta contra la autonomía de 23 municipios del Suroeste de Antioquia, interpondrá el senador Nicolás Albeiro Echeverry, quien además sostiene que la misma es violatoria de la Constitución del 91.
La resolución afecta aproximadamente 250.000 hectáreas, lo que equivale al 39,2% del territorio de los 23 municipios de esta subregión
Este es el análisis del senador Echeverry:
Como Senador de la República y defensor de los derechos de las comunidades antioqueñas, me dirijo a la opinión pública para expresar mi profunda preocupación por la reciente Resolución 377 de 2024 emitida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Esta resolución establece Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA) en el suroeste de Antioquia, afectando aproximadamente 250.000 hectáreas, lo que equivale al 39,2% del territorio de los 23 municipios de esta subregión.
Argumentos Técnicos de afectación:
La Constitución Política de Colombia, en sus artículos 287 y 311, garantiza la autonomía de las entidades territoriales para gestionar sus intereses y regular el uso del suelo.
La imposición de estas zonas por parte del Gobierno Nacional, sin una adecuada concertación con las autoridades locales, constituye una intromisión en las competencias municipales, debilitando la descentralización administrativa y la autonomía territorial.
La Ley 99 de 1993 establece la obligatoriedad de la participación ciudadana en decisiones que afecten el medio ambiente y el uso del suelo.
La implementación de la Resolución 377 de 2024 careció de procesos de consulta y participación con las comunidades locales y los actores económicos de la región, vulnerando principios democráticos y derechos fundamentales de las comunidades afectadas.
La delimitación de las ZPPA genera incertidumbre entre los propietarios y empresarios de la región, quienes desconocen si sus predios serán afectados y en qué medida.
Esta falta de claridad puede conducir a la violación de derechos adquiridos y afectar negativamente la inversión y el desarrollo económico de la región.
La restricción de actividades económicas como la minería, el turismo y la ganadería en estas zonas puede generar pérdidas económicas significativas y desempleo en la región.
Es fundamental realizar estudios técnicos que evalúen el impacto socioeconómico de estas medidas antes de su implementación.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural podría estar excediendo sus competencias al imponer determinantes del ordenamiento territorial sin la debida coordinación con las autoridades locales, lo que podría constituir una extralimitación de funciones y una violación al principio de defensa de los intereses de las comunidades afectadas.
Anuncio la convocatoria de un debate de control político en la plenaria del Congreso de la República.
Este espacio será crucial para exigir al Gobierno Nacional explicaciones sobre las implicaciones de la Resolución 377 de 2024 y para garantizar que las decisiones sobre el ordenamiento territorial respeten la Constitución, los derechos de las comunidades y los principios de desarrollo sostenible.
Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán Senador de la República Miembro de la Comisión Segunda del Senado Informa que presentará una acción de nulidad simple; medida no solo busca que el acto administrativo sea declarado ilegal, sino también solicitar medidas cautelares de suspensión provisional.
Esto permitiría detener los efectos de la Resolución 377 de 2024 mientras se analiza su legalidad, evitando que las comunidades y sectores económicos sufran daños irreparables durante el proceso judicial. Nuestra posición es clara: no permitiremos que decisiones unilaterales pongan en riesgo la autonomía territorial, la seguridad jurídica y el bienestar de nuestras comunidades.
Invito a las autoridades locales, gremios económicos, y a la sociedad civil a acompañarnos en esta causa, defendiendo los derechos de nuestra región y exigiendo al Gobierno Nacional transparencia, concertación y respeto por el ordenamiento jurídico colombiano.
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