Por Iván de J. Guzmán López
Sabiamente, el Consejo Nacional Electoral, CNE, decidió que todo el proceso de investigación sobre topes de financiación de la campaña Petro Presidente 2022, sea de conocimiento público y comunicada con toda responsabilidad y verdad a los medios, para que todo el país y la comunidad internacional sepa qué ocurrió realmente en esa campaña. Recordemos que el pasado martes 8 de octubre de 2024, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó de la apertura de una investigación administrativa por la presunta violación de los topes electorales en una cuantía de $5.355 millones de pesos, en contra del presidente de la República Gustavo Petro, señalando que se investiga su conducta como candidato; en contra del gerente de su campaña presidencial, Ricardo Roa, y de los tesoreros y auditores de la misma.
Según expertos y la normatividad electoral misma referida a los topes de gastos en campañas, este tipo de investigaciones delCNE no busca remover del cargo a Petro (en este caso); sólo se trata de un proceso administrativo que tiene que adelantar so pena de incurrir en un delito, si no lo hace. Recordemos que a comienzos de septiembre pasado, la Corte Constitucional publicó el auto 916 de 2024 en la que deja por sentado que la entidad indicada para investigar presuntos delitos de topes electorales en la campaña electoral del actual presidente Gustavo Petro y demás contiendas le corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE).
Ante el rasgarse las vestiduras del gobierno y sus conmilitones, donde se amenazó a Colombia con sacar “al pueblo a la calle”, señalando que dicha investigación era “el principio de un golpe de estado”, nada más transparente y necesario que hacer público, en detalle, lo que realmente sucedió; hallar cuantía de violación de topes y aplicar la normatividad para dicho evento.
Esta decisión me trae a la memoria una historia que lleva el título de este artículo, y que deberíamos conocer todos:
“Cuando el General Dwight D. Eisenhower, llegó con sus hombres a los campos de concentración del régimen Nazi, con Hitler a la cabeza y personajes siniestros como Rudolf Hess, Hermann Goering, Josef Mengele (a quien sus víctimas llamaban el “ángel de la muerte”), entre decenas de criminales, no tuvo la menor duda o vacilación:
Ordenó que se tomaran tantas fotografías como fuera posible de las fosas comunes donde los huesos, la ropa, los cuerpos esqueléticos, descompuestos, se amontonaban como pirámides al azar.
Fotografías de todos los barracones helados que se utilizaron como dormitorios, fotografías de alambre de púas, crematorios, uniformes, gorras, torres de control, armas, instrumentos de tortura.
Fotografías de supervivientes tan cerca de la muerte que podían hablar con ellos y devolvérselos a cualquiera que los mirara sin siquiera tener que abrir la boca. Sin hablar, sin palabras.
Eisenhower exigió que todos los residentes alemanes de las ciudades cercanas fueran llevados a campos de concentración para ver la realidad de los acontecimientos y que estos civiles fueran obligados a enterrar los cuerpos de los muertos.
Y luego explicó: Que tengamos toda la documentación posible, ya sean grabaciones de películas, fotografías, testimonios, porque llegará un día en que un idiota se levantará y dirá que nada de esto ha sucedido nunca.
Porque un día vendrá un idiota y dirá que todo esto nunca sucedió: repite, enmarca y santifica esta frase”.
Ante la narrativa que se ha querido propagar entre los colombianos y el mundo entero, en el sentido de que la investigación del CNE, es un “golpe blando” para sacar a Petro del gobierno, cobra valor y necesidad, el informar, paso a paso, lo que realmente ocurrió y la aplicación específica de la Ley 1864 del 2017 que introdujo en el Código Penal los delitos de “financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas” (art. 396A), “violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales” (art. 396B) y “omisión de información del aportante” (art. 396C). En el caso de fuentes prohibidas, responderían el gerente de la campaña y el candidato. En los otros dos casos, respondería el gerente o quien administre los recursos”.
La ciudadanía debe entender que ante Petro, o el presidente que sea, se debe hacer respetar la normatividad electoral y el Estado social de derecho que somos, según la constitución de 1991; en otras palabras, la democracia, de cual nos sentimos orgullosos, debe prevalecer por encima de las amenazas, chantajes o ventoleras de caudillos trasnochados, que ven en la violencia el camino hacia el poder.
Es imperativo el hacer prevalecer el Estado de derecho y la democracia en Colombia, en contraste con las vulgares tiranías de que son víctimas pueblos tan queridos como Cuba, Nicaragua o Venezuela, donde reyezuelos de poca monta, someten al pueblo mediante el fraude electoral, la violencia, el hambre y el miedo.


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