El 3 de septiembre de 2024, la Plenaria del Senado de la República fue escenario de un debate acalorado y de gran trascendencia política, encabezado por el senador conservador Nicolás Albeiro Echeverry.
El tema central: las controversias relacionadas con la licitación de pasaportes en Colombia y la gestión de contratos por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, un asunto que desde hacía meses había inquietado tanto a los legisladores como a la ciudadanía.
El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, y el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino, se encontraron en el ojo del huracán. Ambos fueron convocados para rendir cuentas ante las constantes irregularidades denunciadas en torno al proceso de licitación y adjudicación de pasaportes, un servicio vital para los colombianos.
El senador Echeverry, con su habitual firmeza, inició su intervención resaltando la necesidad de transparencia. «Nos encontramos ante un caso delicado que ha generado preocupación en la sociedad», dijo, apuntando directamente al corazón del problema: un proceso de licitación que, según sus palabras, «debió haberse llevado a cabo con total transparencia».
La intervención del canciller Murillo, aunque bien intencionada, dejó muchas preguntas sin responder. El tono del debate oscilaba entre la crítica y el escepticismo. A pesar de los esfuerzos por moderar el lenguaje, las palabras del senador fueron tajantes: “Celebramos su buena voluntad, pero lamentamos la falta de profundidad en muchas de las respuestas que aún le quedan debiendo al país”.
Uno de los puntos más álgidos fue la mención a una firma portuguesa, cuya participación en la licitación fue puesta en duda. Echeverry no escatimó en cuestionamientos: «¿Cómo es posible que no cumplan con los principios de contratación en la etapa de selección previa, en la etapa de estudios de mercado, y luego vengan a lamentarse y a cuestionar a quién ganó?»
El debate también se extendió a otros contratos, como los relacionados con la emisión de cédulas de extranjería, donde nuevamente se cuestionó la eficiencia y calidad del servicio prestado, esta vez por una firma mexicana que, según el senador, “no ha cumplido ni con eficiencia ni con calidad”.
A medida que avanzaba la sesión, se hacía evidente que el tema no solo era de carácter administrativo, sino también judicial. Los pleitos derivados de estos procesos de contratación ya estaban en marcha, añadiendo una capa de complejidad a la situación.
La conclusión del senador fue contundente: “Este debate tiene que terminar con conclusiones claras y profundas”. Para Echeverry, la gestión de los pasaportes en Colombia estaba en riesgo, y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones también.
Este debate no fue solo un intercambio de palabras, sino un reflejo de una realidad que afecta a millones de colombianos, quienes dependen de un servicio ágil y transparente.
La sesión cerró con una firme exigencia al gobierno: actuar con seriedad y garantizar que el servicio de pasaportes no solo funcione, sino que lo haga de manera honesta y eficaz. Mientras tanto, las respuestas siguen pendientes y el reloj no se detiene.
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