Que el Fiscal Martínez informe sobre denuncia penal por urgencia manifiesta en gobierno de Fajardo


El exmagistrado Guillermo Mejía Mejía (foto), le envió un derecho de petición al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en el cual le pide información sobre una denuncia penal que él instauró contra Mauricio Valencia Correa, exsecretario de Infraestructura del gobierno de Fajardo, por la aplicación irregular de la figura de la urgencia manifiesta en una contratación multimillonaria.

“Mi derecho de petición se limita a que se me informe qué trámite se le dio a la denuncia penal debidamente identificada en este escrito: Si se abrió proceso penal o la denuncia fue archivada y los motivos por los cuales el organismo a su cargo tomó tal determinación”, dice en su documento.

Luego dice:

“Desde el 19 de agosto de 2016, presenté en la Fiscalía de Medellín una denuncia penal contra el señor MAURICIO ALBERTO VALENCIA CORREA, Secretario de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia, durante el gobierno del doctor SERGIO FAJARDO VALDERRAMA, radicada así: “MEDELLÍN-ASG- No 20160370649512”. O sea que dicha denuncia lleva 18 meses de presentada sin que hasta el momento se conozca la suerte de la misma. Vale decir, si se ha practicado algún tipo de prueba para seguir adelante con la investigación de los graves hechos denunciados o si el proceso fue archivado por falta de sustentación.

“Sin licitación pública, a dedo, inventándose una URGENCIA MANIFIESTA que no existía y a gusto del funcionario responsable, MAURICIO ALBERTO VALENCIA CORREA, en violación del principio de objetividad que consagra la ley de contratación, la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Antioquia convoca a la firma INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. INGECON y le adjudica un contrato de obra pública por un valor inicial de $ 5.640.000.000 (CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/L) y un plazo estipulado de siete (07) meses, contados a partir de la fecha de la firma del acta de inicio.

“El plazo de este “contrato” fue fijado en SIETE MESES contados desde el “acta de inicio” o sea el veinticuatro (24) de julio de 2012, con lo cual la fecha de vencimiento del contrato se fijó para el día Veinticuatro (24) de febrero de 2013.

“Posterior a la anterior fecha, el contratista solicita una adición en dinero y en plazo, solicitudes que le fueron atendidas y por tal razón la Secretaría de Infraestructura lo incrementó en la suma de TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($3.384.000.000.oo) y un plazo suplementario de dos meses. A partir de esta fecha, al contrato se le hacen ocho adiciones en dinero por valor de TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS ($31.726.623.217.oo), lo que significa que estas adiciones equivalen a un porcentaje del 562%, aproximadamente, del valor inicial, suma que supera con creces el 50% permitido en adiciones por la ley 80 de 1993, cuando se trata de contratos celebrados legalmente, y ocho adiciones en tiempo por 25 meses más, a los siete meses inicialmente pactados.

“O sea que un contrato que se celebra sin licitación pública, bajo la figura de una urgencia manifiesta falsa, por valor inicial de CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/L ($ 5.640.000.000.oo) y un plazo de SIETE meses, cuyo objeto es “LA RECUPERACIÓN DE LOS CORREDORES VIALES Y PARA LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS”, termina valiendo $31.726.623.217 más y se extiende su duración en el tiempo por 25 meses adicionales a los siete pactados”.

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