La FEP, golpe de gracia a la democracia colombiana 


Por Darío Acevedo Carmona (foto)                                 

La Corte Penal Internacional, suscrita por el Estado colombiano desde 2002, puede intervenir en un país signatario cuando su gobierno sea incapaz o se niegue a aplicar su estatuto a responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio.

Esa puerta se abrirá de manera automática en Colombia una vez el Congreso, por la vía golpista del fast track, le de vida a la Jurisdicción Especial de Paz, ese aparato creado en la mesa de conversaciones de La Habana para perseguir y juzgar a todos los involucrados en el fenómeno del paramilitarismo directa o indirectamente y que a los jefes de las Farc incursos en los delitos mencionados tan solo podrá aplicarles sanciones sin prisión y habilitándolos para ser elegibles a los cargos de elección popular.

La JEP, sin que aún se haya finiquitado el proceso legislativo para su aprobación definitiva, ya de suyo ilegal, ha sido seleccionada por un comité de cinco personalidades, cuatro de ellas extranjeras. La mayoría de cuyos miembros se ha distinguido por defender un punto de vista a favor del gobierno Santos, como se constata en el nombramiento de su exministro de Justicia o por haber sido activistas de Ongs de clara tendencia izquierdista, por militantes marxistas, por juristas que han escrito libelos y consignas contra el expresidente Álvaro Uribe. (Lea la columna).

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